Un video grabado por cámaras de seguridad en Ponta Grossa, en las inmediaciones del Centro de Referencia para Animales en Riesgo (CRAR), muestra a empleados de Clinicão, empresa responsable de la gestión, soltando animales en la calle tras la atención. Las imágenes causaron polémica en la ciudad.
Clinicão fue la ganadora de una licitación para atender animales en la ciudad. El valor inicial a ser licitado era de R$ 32 millones y el valor contratado cerró en R$ 22 millones. El contrato, sin embargo, fue objeto de la Comisión Especial de Investigación (CEI) en la Cámara de Ponta Grossa debido a supuestos direccionamientos y puso a la empresa bajo los reflectores de la oposición.
Para el concejal Guilherme Mazer (PT), el abandono de los animales es problemático no solo por la falta de respeto a las mascotas, sino porque dificulta la fiscalización de los procedimientos ya realizados.
“Esto es la cara del gobierno Elizabeth (Elizabeth Schmidt, alcaldesa de la ciudad, de União Brasil), un abandono. No conseguimos fiscalizar, menos mal que había una cámara grabando”, criticó.
La empresa, a su vez, se defendió diciendo que “los animales recibieron asistencia veterinaria completa, incluyendo tratamiento clínico de emergencia, medicación, castración y vacunación”.
La nota continúa explicando que “la devolución de animales al lugar de origen no constituye abandono. Se trata del procedimiento CED (Captura, Esterilización y Devolución), estrategia ética y reconocida internacionalmente para el manejo poblacional de animales comunitarios, que prevé castración, vacunación y posterior retorno tras una recuperación segura”.
Julia Sobkowiak
Sin embargo, la concejala Teka dos Animais (União Brasil) acudió al lugar donde los perros fueron dejados y constató que no vivían allí antes de la atención de la clínica. “Ante la gravedad de la situación, estuvimos en el lugar, conversamos con residentes y recibimos la información de que los animales no pertenecen a esa región. Según el protocolo, tras el procedimiento y el período adecuado de recuperación, los animales deben ser devueltos al mismo lugar de donde fueron retirados, garantizando seguridad y acompañamiento”, dijo la parlamentaria.
Los animales fueron atendidos el día 20 de febrero y la suelta ocurrió el día 5 de marzo. La empresa alega que, a pesar de la superlotación, los perros permanecieron más tiempo de lo previsto internados para garantizar la seguridad.
“El CRAR opera actualmente cerca de su capacidad máxima (80 plazas), lo que exige una gestión responsable de las plazas para priorizar casos críticos y animales imposibilitados de volver, además de la realización de eventos de adopción”.
La alcaldía de Ponta Grossa, por su parte, mencionó que actúa “estrictamente en los términos de la Ley” y que, en estas situaciones, es habitual devolver los animales a los lugares donde circulan habitualmente.
