La Asamblea Legislativa de Paraná (Alep) aprobó este lunes (9 de marzo), en régimen de urgencia y con enmiendas analizadas en cinco minutos, el proyecto del gobierno del Estado para alterar la ley que autoriza la privatización de Celepar (Compañía de Tecnología de la Información y Comunicación de Paraná). La Ley 22.188/2024 es cuestionada en el Supremo Tribunal Federal (STF) y el 22 de febrero el ministro Flávio Dino determinó la suspensión de la subasta de Celepar, programada por el gobierno para el 17 de marzo.
Con la modificación, el gobierno espera obtener la liberación de la privatización en el STF. La semana pasada, el ministro Cristiano Zanin pidió vista durante el juicio de la medida cautelar concedida por Flávio Dino. Tiene el plazo de 90 días para presentar su voto. La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) contra la Ley 22.188, aprobada en noviembre de 2024, fue interpuesta por el PT y el PSOL.
El proyecto para alterar la legislación fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Alep. El miércoles (4), el texto empezó a ser evaluado en la Comisión de Ciencia y Tecnología y la diputada Ana Júlia Ribeiro (PT) pidió vista. Este lunes, los oficialistas se ausentaron de la reunión de la Comisión y llevaron el asunto directamente al pleno.
Durante la sesión plenaria, Ana Júlia presentó cuatro enmiendas. Designado como relator del proyecto, Luiz Cláudio Romanelli (PSD), pidió cinco minutos para analizar las propuestas y emitió dictamen desfavorable, alegando vicio de iniciativa y redundancia. El dictamen de Romanelli y el proyecto fueron aprobados con 35 votos favorables.
Inseguridad jurídica
Flávio Dino argumentó que la privatización de Celepar trae el riesgo de inseguridad jurídica, pues dos procesos aún no fueron concluidos por el Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná (TCE-PR). Uno de ellos es sobre el tratamiento de los datos de la seguridad pública, que no pueden ser administrados por empresas privadas.
El proyecto aprobado este lunes garantiza al Estado el control sobre sistemas y bases de datos personales sensibles conforme a la clasificación de la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD) y permite al Consejo Estatal de Gobernanza Digital y Seguridad de la Información (CGD-SI) ejercer facultades de fiscalización sobre actividades de tratamiento de los datos personales sensibles.
Las enmiendas de Ana Júlia extendían la fiscalización a "todos los datos de interés público y estratégico del Estado" e impedían la comercialización de los datos. La diputada propuso además que el CGD-SI tenga acceso irrestricto a esa información y pueda suspender operaciones y proponer sanciones. El Estado aún debería mantener propiedad exclusiva sobre los sistemas y las bases de datos personales sensibles.
Lea lo que ya se ha publicado sobre la privatización de Celepar
