En la sesión de este martes (10) de la Cámara Municipal de Curitiba, los concejales discutieron la convocatoria del secretario de Defensa Social y Tránsito, Rafael Vianna, para explicar la suspensión de guardias municipales después de la detención de un acusado de tráfico de drogas en la que intervino el concejal Da Costa do Perdeu Piá (Podemos). El requerimiento fue rechazado por la bancada del Gobierno en la Casa, que sugirió aplazarlo por siete sesiones y presentó un nuevo requerimiento de invitación al secretario, quien estará en la Cámara el 24 de marzo, en sesión ordinaria.
La solicitud de convocatoria fue presentada por el propio Da Costa, quien también alegó ser víctima de espionaje por parte del sector de inteligencia de la Guardia Municipal. La oposición votaría a favor del requerimiento, pero la articulación de los concejales oficialistas bajo el liderazgo de Serginho do Posto (PSD), para evitar la tensión de una convocatoria, garantizó mayoría para que Vianna vaya a la Cámara por voluntad propia.
El conflicto entre Da Costa, que es policía militar, y Vianna, que es policía civil y dirige la Defensa Social, se intensificó a partir de la detención de un hombre por tráfico en el centro de la ciudad. Un video divulgado el 1 de marzo en las redes sociales del parlamentario lo muestra “interrogando” al sospechoso, mientras dos guardias municipales realizan la detención y la requisa.
Rogerio Galindo
Vianna, por su parte, consideró que el comportamiento de los guardias —que permitieron la interacción del concejal con el sospechoso— fue inadecuado. “Cuando abordas a alguien y lo pones contra la pared, eso ya es una intervención policial. Eso significa que tienes que tener responsabilidad. Cuando un civil llega, hace una ‘bromita’, toma el control de la intervención con la persona abordada e interfiere en la situación, contamina la cadena de custodia, la escena del crimen, pone en riesgo la investigación, a los agentes, a la población y a la propia persona que está interfiriendo en la actuación policial”, criticó.
Después de la repercusión del video, los guardias fueron retirados del trabajo en las calles, por la supuesta “falta de preparación”. El Sindicato de los Guardias Municipales de Curitiba (Sigmug) dijo que medidas administrativas deben utilizarse tras brindar orientaciones. “El sindicato entiende que eventuales ajustes de procedimiento deben ser tratados con orientación y diálogo institucional, y no con medidas administrativas que puedan generar la percepción de castigo a profesionales que estaban actuando en el combate a la criminalidad”, dice la nota publicada en el sitio.
