Los datos del área de seguridad pública y la prestación de servicios a la sociedad correrán riesgos si la Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) es privatizada sin que la Secretaría de Estado de la Seguridad Pública (Sesp) desarrolle una estructura adecuada para almacenamiento. La conclusión es de la 6ª Inspección de Control Externo (6ª ICE) del Tribunal de Cuentas de Paraná (TCE-PR) tras el análisis de la documentación enviada por el gobierno de Ratinho Jr (PSD) sobre la venta de la compañía.
Con base en la documentación, la 6ª ICE propuso una representación para que la corte suspenda las contrataciones de la Sesp en el área de tecnología destinadas al procesamiento o almacenamiento de datos. La transferencia y el aislamiento de los datos de seguridad son esenciales para la privatización de la Celepar, que está suspendida por determinación del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF).
En la representación, la 6ª ICE señala riesgos como el aumento de la vulnerabilidad de las bases de datos y la interrupción de los servicios públicos. Vea los riesgos señalados por la Inspección:
- Riesgo de interrupción o degradación de servicios públicos críticos, especialmente aquellos dependientes de sistemas y bases de información utilizados en las actividades operativas de la seguridad pública;
- Aumento de la vulnerabilidad de las bases de datos sensibles, debido a la falta de demostración de controles formales de acceso, mecanismos estructurados de protección de la información o planes institucionales de contingencia;
- Reducción de la eficiencia administrativa e incremento de la imprevisibilidad decisoria, derivados de la adopción de soluciones tecnológicas o administrativas sin la correspondiente formalización de mecanismos institucionales de coordinación administrativa y control;
- Exposición de la Administración Pública a riesgos jurídicos e institucionales, especialmente en situaciones que involucren eventual indisponibilidad, filtración o tratamiento inadecuado de datos sensibles.
José Marcos Lopes
Los técnicos de la 6ª ICE afirmaron que no se identificaron "instrumentos institucionales formales capaces de evidenciar la existencia de estructura administrativa responsable aplicable al tratamiento de las bases informacionales vinculadas a las actividades de seguridad pública", ni "políticas institucionales consolidadas, definición de responsabilidades administrativas, mecanismos estructurados de gestión de riesgos o procedimientos operativos destinados específicamente a la protección y al tratamiento de esas bases de datos sensibles".
La Inspección concluyó que no hay "acto administrativo o documento técnico que demuestre, de forma clara y verificable, la solución tecnológica oficialmente adoptada para el alojamiento de las bases informacionales de la seguridad pública" y resaltó que, en el área de seguridad, "los datos no son meros registros, son instrumentos de poder estatal, vinculados a la investigación, la represión, la protección del orden público y la salvaguarda institucional".
Vea abajo la representación, que tendrá como relator el consejero Durval Amaral – quien también es relator de los procesos sobre la privatización de la Celepar en el Tribunal.
Carrera para transferir los datos
El gobierno de Ratinho Jr inició en el primer semestre de 2025 una carrera para aislar los datos del área de seguridad pública, que venían obstaculizando la venta de la Celepar. La Ley General de Protección de Datos (LGPD) no permite que esa información sea gestionada por empresas privadas.
La Sesp contrató a Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos, brazo brasileño de la española Indra, por R$ 162,4 millones, lo que fue denunciado por la oposición a Ratinho Jr como un "centro de datos falso" en la secretaría. El Ministerio Público de Paraná (MPPR) abrió una investigación para investigar posibles irregularidades en la contratación.
En enero de este año, el gobierno informó al Tribunal de Justicia de Paraná (TJPR) que rescindió el contrato con Indra y preparaba la contratación del servicio de nube de Serpro, la estatal federal de tecnología de la información, que pasaría a albergar los datos de la seguridad pública. El Serpro negó la contratación.
Acción en el STF y procesos en el TCE
Programada para el día 17 de este mes, la subasta de privatización de la Celepar fue suspendida el día 22 de febrero por el ministro del STF Flávio Dino. Él es el relator de la Acción Directa de Inconstitucionalidad presentada por el PT y el PSOL contra la ley que autorizó la venta de la compañía, aprobada en noviembre de 2024. El día 6, el ministro Cristiano Zanin pidió vista y aplazó la decisión del pleno sobre la medida cautelar de Flávio Dino.
El TCE-PR aún no concluyó los procesos sobre la desestatización de la Celepar. En enero, Durval Amaral revocó la cautelar del consejero sustituto Livio Sotero Costa, que suspendió el proceso en septiembre. El miércoles (11), el consejero Augustinho Zucchi pidió vista y tendrá 30 días para presentar su voto.
