Un video grabado por cámaras de seguridad en Ponta Grossa, en las cercanías del Centro de Referencia para Animales en Riesgo (CRAR), muestra a empleados de Clinicão, la empresa responsable de la gestión, soltando a los animales en la calle después de la atención. Las imágenes generaron polémica en la ciudad.
Clinicão ganó una licitación para atender a los animales de la ciudad. El monto inicial a licitar era de R$ 32 millones y el monto contratado se cerró en R$ 22 millones. El contrato, sin embargo, fue objeto de la Comisión Especial de Investigación (CEI) en la Cámara Municipal de Ponta Grossa debido a un presunto direccionamiento y puso a la empresa en la mira de la oposición.
Para el concejal Guilherme Mazer (PT), el abandono de los animales es problemático no solo por la falta de respeto hacia las mascotas, sino porque dificulta la fiscalización de los procedimientos ya realizados.
“Esta es la cara del gobierno de Elizabeth (Elizabeth Schmidt, la alcaldesa de la ciudad, de União Brasil), abandono. No podemos realizar la fiscalización; por suerte había una cámara grabando”, criticó.
La empresa, a su vez, se defendió diciendo que “los animales recibieron asistencia veterinaria completa, incluyendo atención clínica de emergencia, medicación, esterilización/castración y vacunación”.
La nota continúa explicando que “devolver a los animales a su lugar de origen no constituye abandono. Este es el procedimiento CED (Captura, Esterilización y Devolución), una estrategia ética e internacionalmente reconocida para la gestión de la población de animales comunitarios, que prevé la esterilización/castración, vacunación y posterior retorno tras una recuperación segura”.
Julia Sobkowiak
Sin embargo, la concejala Teka dos Animais (União Brasil) fue al lugar donde dejaron a los perros y confirmó que no vivían allí antes de la atención de la clínica. “Ante la gravedad de la situación, estuvimos en el lugar, hablamos con los residentes y recibimos la información de que los animales no pertenecen a esa región. Según el protocolo, después del procedimiento y el período de recuperación adecuado, los animales deben ser devueltos al mismo lugar de donde fueron retirados, garantizando la seguridad y el seguimiento”, dijo la legisladora.
Los animales fueron atendidos el 20 de febrero y la liberación tuvo lugar el 5 de marzo. La empresa afirma que, a pesar del hacinamiento, los perros permanecieron internados más tiempo del previsto para garantizar la seguridad.
“El CRAR actualmente opera cerca de su capacidad máxima (80 cupos), lo que exige una gestión responsable de los espacios para priorizar casos críticos y animales que no pueden regresar, además de realizar eventos de adopción”.
La alcaldía de Ponta Grossa, a su vez, mencionó que actúa “estrictamente dentro de los términos de la Ley” y que, en estas situaciones, es común devolver a los animales a los lugares por donde suelen circular.
